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#NuncaMás: a 45 años del último Golpe Cívico-Militar en Argentina

30 mil desaparecidos, persecusiones, torturas, identidades robadas, fuga de cerebros y una deuda impagable. Las consecuencias del terrorismo de Estado.

Eran casi las 3 de la mañana, cuando la voz de Jorge Rafael Videla irrumpió en la Cadena Nacional, a partir de ese momento Argentina dejaría de ser una democracia y pasaría a tener un gobierno de facto. Los fusilamientos de civiles en José León Suárez, minutos antes del comunicado oficial de las Fuerzas Armadas, marcarían la antesala de lo que pasaría en los próximos 7 años en nuestro país. La provincia de San Luis fue intervenida, al igual que todas las demás provincias argentinas.


Elías Adre, por entonces gobernador de la provincia de San Luis fue derrocado por el interventor Aldo Mario Barbuy, quien estuvo al mando hasta el 20 de abril del mismo año. Luego lo sucedieron, Cándido Martín Capitán (20/04/1976 a 07/06/1976), Hugo Raúl Marcilese (07/06/1976 a 04/04/1981) y Hugo Nicolás Eugenio Di Risio (04/04/1981 a 10/12/1983).


Durante sus años de impunidad, las Fuerzas Armadas instalaron al menos 9 centros clandestinos de detención, tortura y muerte en la provincia de San Luis, donde estudiantes, trabajadores y artistas fueron perseguidos, secuestrados y finalmente asesinados.


En total, nuestra provincia cuenta con casi 30 asesinados/as, entre otros/as centenar de secuestrados/as y torturados/as, sus nombres:
Carlos Juan Allende
María Teresa Bernasconi
Dante Bodo
Luis Cainfaila
Jorge Omar Cazorla
Domingo Idelgar Chacón
María del Carmen del Bosco de Allende
Carlos María Espoturno
Graciela Fiochetti
Rafael Roberto García
Félix Roque Giménez
Luis Isidro Guyet
Héctor Raúl Jofre
Leonor Rosario Landaburo de Catnich
Pedro Valentin Ledesma
Alejandra Margarita Lepido
Nolasco Leyes
Mauricio A. López
Carlos Luis Mansilla
Ana María Ponce
Jorge Gabriel Pujol
Jorge Reynaldo Ruarte
Jorge Luis Ruffa
Sandro Santana Alcaraz Castillo
Ricardo Enrique Saibene
Alfredo Felipe Sinopoli
Julio Everto Suárez
Rosario Anibal Torres


Lamentablemente la mayoría de estos crímenes quedaron impunes y en nuestra provincia solo se logró condenar a 5 represores. Luego de 3 juicios orales y públicos, Carlos Esteban Pla, Víctor David Becerra, Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Pérez fueron condenados a cárcel común. Plá y Fernández Gez en Marcos Paz y los restantes en el servicio penitenciario de San Luis. Becerra cumple actualmente prisión domiciliaria.


Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, joven de La Toma, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y «Sandro» Santana Alcaráz (secuestrado mientras cursaba en la UNSL) y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.


Cabe destacar que no solo de trató de un plan sistemático de desaparición de personas sino que también se disolvió en Congreso Nacional, se estableció la pena de muerte, se suspendieron las libertades democráticas y constitucionales, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia para designar unos nuevos (afines a la ideología de la Junta Militar), se intervinieron los sindicatos y las universidades, se proscribieron las actividades partidarias, se le otorgaron beneficios impositivos y económicos a la Iglesia Católica, y se censuraron todo tipo de medio de comunicación independiente (no oficial).

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